Reportes sobre el COVID-19 en América Latina y el Caribe: No. 69 (In English)
Resumen general: Luego de más de un año, la realidad es que el COVID-19 continúa devastando a América Latina y el Caribe. Las consecuencias y el impacto de la pandemia continuarán creando un efecto dominó afectando a diferentes grupos y áreas en la región. Desde marzo de 2020, nuestros miembros han estado monitoreando los cambios y respuestas a las crisis. La Conferencia sobre el Acceso a la Información: América Latina y el Caribe busca traer todas sus conversaciones a un mismo espacio y expandir su red para poder colaborar aún más. Esta conferencia nace a partir del grupo “Monitoreando el Covid-19” creada por Marcelo Rodríguez en marzo del año 2020 y que a la fecha cuenta con más de 50 miembros de todas partes del globo entre abogados, bibliotecarios, periodistas, académicos, estudiantes y colaboradores de otras áreas del saber, que aportan con información relevante sobre la situación de diferentes países de la región frente a la pandemia.
La conferencia tuvo un total de ocho paneles durante septiembre de 2021. Cada panel duró una hora y media. La primera hora consistió en una conversación entre los panelistas y moderadores. Todos los participantes estuvieron invitados a participar activamente el resto del tiempo con preguntas y comentarios. La mayoría de las sesiones contaron con interpretación simultánea en español y una en portugués.
Este programa fue posible gracias al apoyo del Programa de Educación Continua del AALL/Bloomberg Law.
Introducción:
El presente informe tiene por objetivo destacar los principales puntos abordados en el marco de conferencias sobre “Acceso a la Información en América Latina y el Caribe”, organizadas a partir de la iniciativa “Monitoreando el Covid-19”. La conferencia se llevó a cabo durante el mes de septiembre del año 2021.
En particular se aborda la sesión realizada el martes 9 de septiembre en la conferencia denominada: “Acceso a la información sobre elecciones” (Chile, Perú, Bolivia y Ecuador). Esta conferencia fue la tercera de un total de ocho paneles efectuados todos los martes y jueves en el mes de septiembre.
En la sesión participaron:
- Marcelo Rodríguez (presentador); Bibliotecario de Derecho Internacional de la Biblioteca Daniel F. Cracchiolo de la escuela de leyes James E. Rogers en la Universidad de Arizona.
El panel de invitados/as fue:
- Clare Seelke (moderadora); Especialista en Asuntos Latinoamericanos de Investigación del Congreso de los Estados Unidos (CRS). Esta es una agencia de investigación no partidista para los integrantes y los comités del congreso y su personal ubicada dentro de la Biblioteca del Congreso.
Por su parte, el grupo de panelistas estuvo integrado por cuatro expertos de distintas nacionalidades:
- Gerardo Sánchez: Especialista del Departamento de Cooperación y Observación electoral (DECO) de la OEA, Organización de los Estados Americanos.
- Daniela Hormazábal: Ha sido investigadora del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo PNUD, coordinadora de comités técnicos en la división de Gobierno Interior. Actualmente es investigadora del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile y miembro de la Asociación Chilena de Ciencia Política. Forma parte de la red de politólogas latinoamericanas.
- Demetrio Lazagna: Es director de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) en Ecuador. Cuenta con experiencia extensiva en relaciones internacionales, especialmente enfocadas en asistencia técnica y observaciones electorales.
- Kathryn Ledebur: Directora de la Andean Information Network.
La conferencia pudo ser vista y seguida vía online por medio de la plataforma Zoom, con previo registro de las personas interesadas. Para quienes tengan interés en ver por primera vez el video íntegro o en revisarlo nuevamente pueden hacerlo por medio de este enlace de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FY7-8kTAc7I
Exposiciones:
1.- Gerardo Sánchez:
El primer expositor de la conferencia fue Gerardo Sánchez, especialista del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO/OEA), quien hizo hincapié en lo pertinente del encuentro dentro del contexto actual de pandemia y la importancia de la información para nuestra toma de decisiones en el último tiempo. En esta línea, su exposición aportó con un panorama general acerca del acceso a la información en el sistema interamericano y su impacto en los procesos electorales y a la importancia que tiene el acceso igualitario y equitativo a la información, la cual, se configura como un componente fundamental para ejercer la democracia, ayudando al individuo a tomar decisiones conscientes e informadas.
Se destacan cuatro documentos que sirven de evidencia sobre la evolución del acceso a la información a lo largo del tiempo. El primero de ellos es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 4° indica que toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, expresión y difusión de su pensamiento.
A esto se agrega la Convención Americana (Pacto de San José) que en su artículo 13 n°1 señala que “este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones…”
Por su parte, la Carta Democrática Interamericana en su artículo 4° destaca elementos como la transparencia, la libertad de expresión y de prensa.
Por último, está la Declaración de principios sobre la libertad de expresión que en su principio 2° se refiere a la igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información.
Para garantizar estos principios fundamentales, como la libertad o la igualdad ante el acceso a la información es necesario contar un marco jurídico que les ampare. Al mismo tiempo, esto se relaciona con la forma y las garantías que tenemos de ejercer estos derechos.
En este sentido, para la OEA, este derecho tiene dos dimensiones. Una dimensión personal, mientras que la otra es social. Desde esta última se destaca la importancia del derecho a estar bien informado, debido a que este componente es el que nos va a permitir ejercer mejor nuestros otros derechos, entre los que se contempla, por ejemplo, el derecho a la educación, a la salud o el derecho al voto (en conjunto con la información sobre por quién votar, dónde, cómo, etc.)
En definitiva, como se ha mencionado antes, la información permite la toma de decisiones y desde este punto de vista se recalca su dimensión social.
En línea con esto último, hay dos componentes esenciales que se destacan para el acceso a la información desde los órganos electorales.
1.- Principio de máxima transparencia: Máxima divulgación sobre la información que se comprenda como pública.
2.- Transparencia activa: Obligación de publicar información de interés público.
Acerca de cómo informarnos para los procesos electorales es importante el rol como fuente de información que cumplen los poderes del Estado, los medios de comunicación, las autoridades electorales, las redes sociales, la sociedad civil organizada y otros (estudios especializados).
Entre éstas, se considera que la autoridad electoral es la institución crucial para nutrir los espacios informativos durante los períodos electorales.
Teniendo presente esto, cabe recordar que la OMS decretó estado de pandemia el 11 de marzo del 2020 y durante ese año estaban calendarizadas 18 elecciones dentro de la región. A raíz de esto, 7 de estas elecciones se postergaron (en Bolivia, Chile, México, República Dominicana, Paraguay y Uruguay).
Estas postergaciones obedecen a la necesidad de resguardar el derecho a la salud, sin pasar a llevar el derecho electoral de las personas de manifestar su posición política por vías institucionales. Gerardo Sánchez destaca en este aspecto que más que privilegiar un derecho por encima de otro, el razonamiento que hay detrás, guarda relación con que estos derechos no sólo son compatibles, sino que se necesitan mutuamente. En este sentido, el derecho a la salud se debió garantizar para luego poder ejercer el derecho al voto.
Se construye un círculo virtuoso para proteger la salud sin descuidar los derechos políticos y electorales, dado que, para poder ejercer uno se necesita del otro. La pandemia deja una gran lección de adaptación y aprendizaje para poder adaptar el proceso a las medidas sanitarias vigente, hubo cambios en el padrón electoral, capacitaciones y formaciones, medidas implementadas, trasmisión de resultados. Es necesario señalar que no existe un modelo único para realizar el proceso electoral, dado que la realidad de cada país es diferente, por lo cual el modelo electoral debe ajustarse a las necesidades de las distintas naciones. Entonces, el escenario de la pandemia condujo a revitalizar la discusión acerca de formas de votación entre las que surgieron por ejemplo, la votación por internet, voto anticipado, ampliación de horarios, horarios segmentados, entre otros. Todo esto con el fin de mantener un padrón electoral, que garantice la representatividad de las votaciones.
Por otra parte, las medidas sanitarias para llevar a cabo los procesos electorales fueron evaluadas y junto a ello, la forma en que se harían las capacitaciones (posibilidad de migrar a formatos tecnológicos), y la forma cómo se comunicarán los resultados.
En otra arista, la forma en que se impartió justicia también tuvo que sufrir modificaciones y se innovó por medio de audiencias que utilizaron herramientas tecnológicas (vía Zoom por ejemplo).
El panorama que enfrentamos en la región durante este último período de tiempo, conlleva, en definitiva, adecuaciones en todo sentido. El proceso electoral no fue la excepción y frente a eso la OEA elaboró una guía de seis capítulos para realizar elecciones en tiempos de pandemia (https://www.youtube.com/watch?v=5bnagj7UImQ).
2.- Daniela Hormazábal:
En su exposición trató fundamentalmente sobre el tema del impacto de la pandemia en los procesos electorales y específicamente del caso chileno.
Para ello en primer lugar, dio pie a la explicación del contexto y el diagnóstico por el cual Chile tuvo que enfrentar elecciones en pandemia. Los elementos que aquí se destacan tienen que ver con la aparición del Covid-19, el voto voluntario en Chile (bajas tasas de participación), más un contexto político en concreto (estallido social de octubre del 2019) que derivó en la realización de un plebiscito para dirimir la aprobación o el rechazo ciudadano a una nueva constitución para Chile.
Frente a este escenario, se tuvo que decidir si hacer o no las elecciones en la fecha pronosticada, en el entendido de que, si bien el aspecto sanitario era contingente y de urgencia, el derecho político no podía dejarse de lado.
Se destacan además, ciertos hitos en materia de administración electoral que se dieron a lugar durante este período de tiempo:
Se delegó en el Servel la regulación del plebiscito y los siguientes actos electorales en pandemia, para lo cual se elaboró un instructivo, junto con un protocolo sanitario tomando como referencia el protocolo elaborado en República Dominicana, que fue el primer país que realizó elecciones en pandemia en América Latina.
Además, el Servel dictaminó la instrucción de contar con facilitadores en todos los locales de votación, luego, se decidió que todo el material electoral se revisara y pusiera en custodia y se aumentó la cantidad de lugares disponibles para votación.
En cuanto al calendario electoral, durante el año 2020 se aplazaron 4 elecciones: El plebiscito nacional; las elecciones municipales y de gobernadores regionales 2020; la segunda votación de gobernadores regionales; y las primarias presidenciales y parlamentarias.
En lo que respecta a la comunicación con el electorado, se destaca el hecho de que esta fue constante. En este sentido se elaboraron materiales comunicacionales en los locales de votación y señalética apropiada, se crearon campañas comunicacionales para distintos medios, incluidas las redes sociales y la TV. También se creó en el sitio web http://www.servel.cl un apartado especial sobre el tema sanitario y se capacitó a las unidades de atención sanitaria para responder a las preguntas de la ciudadanía.
Otros aspectos que se destacan en esta exposición son la eliminación del lápiz grafito (cada persona pudo llevar su propio lápiz pasta para votar), la implementación del horario preferente y con horario exclusivo y la realización de un programa de visitas internacionales virtuales, con recorridos por locales y mesas de votación en cinco ciudades. Se destaca la conformación de mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil internacionales y partidos políticos para ejecutar el proceso electoral de forma exitosa.
Hubo innovaciones como la implementación del sistema de patrocinio de candidaturas online y la creación del sistema informativo web “Conoce a tu candidato”.
En resumen, dentro de las principales medidas adoptadas frente al Covid-19 se encuentran:
- La ampliación de la votación a dos días.
- La contratación de más de 15.300 facilitadores.
- Permitir el uso del lápiz pasta.
- Determinación de aforos.
- Implementación de nuevo protocolo sanitario.
- Vacunación masiva contra el Covid-19 para vocales de mesa y personal electoral.
- Medidas comunicacionales especiales (folletos, foros, etc.)
En relación con los actos de campaña, se prohibieron aquellos que fueran de tipo masivo y se responsabilizó a los partidos políticos para que adoptaran las medidas necesarias para difundir información sin riesgo para la población.
Sobre los desafíos y las lecciones aprendidas a raíz del proceso eleccionario en tiempos de pandemia, se desprende que hay un debate amplio sobre la incorporación de nuevas vías de votación para ampliar el número de votantes, evitando a su vez, las aglomeraciones.
También se considera necesario el perfeccionamiento de los mecanismos de capacitación a vocales de mesa. Y por último, se destaca el aprendizaje obtenido en relación a la creación de mesas de trabajo conducentes al perfeccionamiento del proceso electoral.
3.- Demetrio Lazagna:
Como se apuntaba anteriormente, Demetrio Lazagna, Director de International Foundation for Electoral Systems (IFES) en Ecuador. Esta organización brindó apoyo técnico y acompañamiento en los dos comicios electorales en Ecuador de febrero y abril, una por elecciones presidenciales y otra por la asamblea nacional de Ecuador.
En Ecuador el voto es obligatorio desde los 18 años, y a pesar de haber estado en pandemia hubo muchos observadores, tanto nacionales como internacionales que siguieron el devenir de estos acontecimientos.
En lo que se refiere a la convocatoria y las previsiones para elecciones en pandemia, se discutió la posibilidad de prolongar el llamado a elecciones. Sin embargo, debido a que la ley no lo permitía y con el respaldo del ex presidente, se optó por respetar el calendario electoral. En dichas elecciones debían aplicarse algunas de las reformas al Código de Democracia, como la paridad de género, voto en lista cerrada, debates presidenciales y cambios en la asignación de escaños. Sin embargo, hubo una reducción de presupuesto para las elecciones dado el impacto de la pandemia en el ámbito social, político y económico, así como una reducción del presupuesto para las campañas.
Se coordinó la disposición de medidas en los colegios, los cuales funcionaron como recintos electorales para evitar aglomeraciones y se generó un protocolo general para la prevención de la propagación del Covid-19 en el proceso electoral del 2021 (para las elecciones de la segunda vuelta).
Hubo campañas de comunicación masiva que se enfocaron en la necesidad del uso de la mascarilla, gel y kits de bioseguridad. Se adicionaron medidas de prohibición de hacer mítines y concentraciones políticas.
Para dar mayor seguridad en la jornada electoral, se tomó la acción de implementar el programa de Voto en Casa (para personas con discapacidad mayor al 75%), el voto para persona privadas de libertad sin sentencia ejecutoria, una campaña informativa del CNE para el cumplimiento del protocolo sanitario y motivar a la gente a votar y se armaron mesas preferenciales de votos y de información.
Por otra parte, el CNE desarrolló una aplicación móvil para el seguimiento del proceso electoral y el IFES creó un portal web interactivo de observación electoral.
El día de las elecciones se presentaron retrasos por la falta de asistencia de algunos miembros a trabajar. Además, existieron largas filas y algunos problemas de control de las medidas de bioseguridad, dada las aglomeraciones. Sin embargo, la entrega de kits de seguridad fue efectiva con un porcentaje de un 98,61%.
De los resultados generales que dejaron las elecciones se destacan los siguientes puntos:
Tras la elección de primera vuelta el Ministerio de Salud y el CNE hicieron un estudio sobre el impacto del Covid-19 del cual se desprendió que, de los 277.233 trabajadores, un total de 3.000 de ellos se contagiaron.
El porcentaje de participación ciudadana fue alto con más de un 80%, situando a Ecuador entre los países con más participación entre los que realizaron comicios en contexto de pandemia, sin que se detectaran alzas de contagio como consecuencia de las elecciones. El uso de redes sociales fue a su vez muy alto.
4.- Kathryn Ledebur:
Para finalizar, expuso por Bolivia Kathryn Ledebur directora de la Red Andina de Información (Bolivia). En esta presentación se abordó el proceso electoral de Bolivia en contexto de pandemia. Cabe recordar que en este país se vivió una disputa muy fuerte sobre los resultados de las elecciones de octubre del 2019 con alegaciones de fraude por un lado y por otra parte, el rechazo de la anulación del proceso electoral con la convocatoria a nuevas elecciones. Este contexto político derivó finalmente en la renuncia y salida de Evo Morales del país.
Inicialmente se postergan las elecciones por 90 días, pero producto de la falta sostenida de información y el uso represivo de la pandemia lleva a una nueva postergación de las fechas, lo cual genera protestas masivas en octubre de 2020.
De esta forma, se experimentó una situación de mucha represión y conflicto político que incluyeron persecuciones políticas, detenciones arbitrarias y el abuso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Motivo por el cual, la entrada en la pandemia se habría generado en el plano político con un gobierno ilegal, violaciones a los derechos humanos y una prensa oficial que no reportaba de manera equilibrada las noticias.
En paralelo, se dio un acuerdo para que el 3 de mayo del 2020 se convocara a nuevas elecciones, sin embargo, con la pandemia se inició un período de restricción y de cuarentena total por tres meses y medio impuesta por el ejecutivo, con lo cual fue imposible concretar las elecciones en la fecha presupuesta.
Dado este contexto, en el caso de Bolivia demostraría, según el análisis ofrecido por Kathryn Ledebur, cómo la pandemia puede ser usada con fines políticos y represivos para limitar la libertad de expresión y el movimiento de los ciudadanos utilizando el fenómeno sanitario, por ejemplo, para efectuar detenciones arbitrarias con la excusa del delito de poner el riesgo la salud pública, incluso en casos de personas que estaban paradas fuera de su propia casa.
Esta situación, conduce a problemas para evaluar la pandemia en el momento y a una falta de información clara sobre la severidad de la pandemia y sobre cómo tratarla por parte del Estado para tomar las medidas de bioseguridad necesarias.
A la falta de información confiable, se sumaron campañas de noticias falsas en redes sociales, que impidieron informar a la ciudadanía de la amenaza real de la pandemia y del avance de los comicios. Junto a ello, se observó la falta de ayuda frente a la pandemia por parte del Estado a la población.
El contexto descrito, derivó en una nueva postergación de las elecciones para el 18 de octubre, lo cual generó olas de protestas por las medidas del gobierno de facto y limitó la llegada de observadores internacionales.
Pese al escenario descrito en Bolivia, país en el que existe el voto obligatorio a partir de los 18 años, hubo una amplia participación de la población en las elecciones de octubre, con medidas de bioseguridad implementadas de manera eficiente. Sin embargo, se detecta que la información a la población sobre estas medidas, fue adquirida mayormente de forma autodidacta y no provista por las autoridades.
Otro factor que se menciona se relaciona con la falta de acceso al internet por gran parte de la población boliviana debido al alto coste que este tiene.
Por Evelyn Lagos y Antonieta Ubillo
Monitoring the Legal Response to COVID-19 in Latin America and the Caribbean 