Reportes sobre el COVID-19 en América Latina y el Caribe: No. 65 (In English)
Pandemia y desinformación
El 15 de marzo de 2020, mientras el COVID se abría paso en Centroamérica y muchos países del mundo tomaban drásticas medidas para frenar los contagios, el gobierno de Nicaragua convocó a una multitudinaria marcha a sus simpatizantes y empleados públicos para “hacerle frente a la pandemia mundial con amor”. La caminata fue anunciada por la vicepresidenta Rosario Murillo y fue bautizada como “Amor en tiempos de Covid-19”. Los trabajadores de la salud encabezaron la marcha desfilando por las principales calles de Managua en decoradas carrozas, vestidos con sus gabachas blancas, a la par de camas e instrumentos hospitalarios, bailando y haciendo parodias de la alarma mundial por la pandemia. La actitud del gobierno fue tildada por médicos y profesionales de la salud como “irresponsabilidad criminal” mientras la vicepresidenta, con ahínco repetía en sus monólogos diarios transmitidos por los canales oficiales “vamos a caminar con la fuerza de la fe y la esperanza en todo el país, en oración permanente con los pueblos, familias y hermanos del mundo afectados por el coronavirus”.1
Desde que se anunciaron los primeros contagios en la región, el gobierno de Nicaragua negó la existencia de COVID en el país, continuó con su campaña de promover el turismo y las aglomeraciones festivas, al mismo tiempo que prohibió el uso de mascarillas en los hospitales para evitar “alarmar a la población”. En reiteradas ocasiones los familiares de personas fallecidas por COVID denunciaron que las actas de defunción recibidas alteraban las causas del deceso de sus deudos. Nadie podía morir de coronavirus en Nicaragua, sino de diabetes, cáncer, deficiencia renal u otras complicaciones de salud. Igual restricción se impuso a los médicos en sus diagnósticos y recetas.
En este momento estamos viviendo una segunda ola de contagios más alta que la del año pasado. La actitud del régimen sigue siendo la misma. No brindar información, ni sobre contagios, decesos ni vacunas, o hacerlo de forma limitada, confusa y, por lo tanto, poco confiable. Los hospitales y centros de salud son instancias herméticas donde brindar información de cualquier tipo, es penada con el despido. Médicos independientes y epidemiólogos que brindan información sobre muertes, contagios y medidas de prevención sufren persecución, amenazas de prisión, suspensión de licencias y confiscación de sus organizaciones médicas.
Esta política de información y comunicación del régimen de Ortega Daniel se impuso desde su regreso a la presidencia en el año 2007 2 y se caracteriza por el secretismo, la falta de acceso a la información pública, la exclusión de la prensa independiente, así como la persecución y hostigamiento de periodistas y fotógrafos que cubren los eventos. La única persona autorizada para hablar en representación del gobierno es la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Daniel Ortega regresó a la presidencia gracias a un proceso electoral en el que enfrentó a una oposición dividida3. Catorce años después sigue en la presidencia acompañado ahora por su esposa, Rosario Murillo, quien fue su fórmula presidencial en las elecciones del 2016. A lo largo de estos años el régimen ha venido concentrando el poder en el Ejecutivo, haciendo los cambios necesarios para modificar la Constitución y subordinar a los otros poderes del Estado, incluyendo al Consejo Supremo Electoral y a las Fuerzas Armadas. Aunado al proceso de concentración del poder político, estableció una alianza con el gran capital a la que bautizó como “Modelo de diálogo y consenso” asignándole rango constitucional.
A nivel de la sociedad civil fue construyendo sus propias redes de activistas y fuerzas de choque, únicas autorizadas para manifestarse en el espacio público, mientras restringía los espacios democráticos de la oposición o impedía por medio de la violencia cualquier forma de disidencia. Desde entonces el país emprendió una regresión autoritaria que nos coloca hoy frente a un gobierno autocrático, muy parecido a la dictadura somocista que fue derrocada por la revolución sandinista en 1979. El férreo control de la información oficial y una engañosa narrativa que promovía la imagen de Nicaragua como un país idílico con crecimiento económico sostenido y paz social naufragó en abril de 2018 cuando una explosión social sacó a luz pública las tensiones reprimidas y los conflictos sociales contenidos por la represión.
La rebelión de abril de 2018
En abril de 2018 se produjo una explosión social sin precedentes. La chispa que encendió el fuego fue la brutal represión de las protestas pacíficas de estudiantes universitarios y de pensionados, por parte de policías y fuerzas de choque afines al gobierno. La violencia ejercida contra los manifestantes que expresaban su rechazo a las reformas a la ley del Seguro Social, así como el asalto a los periodistas que cubrían el evento, fueron transmitidos en vivo por la televisión y se hicieron virales en las redes sociales.
La indignación provocada por estos hechos generó masivas movilizaciones que se multiplicaron en todas las ciudades del país y pusieron en evidencia el rechazo generalizado al régimen de Daniel Ortega y a la violencia con la que ha respondido a la protesta social desde su regreso a la presidencia en el año 2007.
Como hemos señalado, el carácter represivo de la dictadura no era nuevo, ya se había mostrado en las zonas rurales donde el Ejército reprime de forma selectiva al movimiento campesino y a la población que se opone a las actividades extractivistas incentivadas por el gobierno autodenominado “cristiano, socialista y solidario”, que, sin embargo, promueve prácticas neoliberales en alianza con el gran capital. Socialista y de izquierda, solo en el discurso hacia el exterior. Hacia adentro, durante los últimos 14 años la protesta social fue impedida o reprimida, los espacios públicos fueron privatizados para las fuerzas afines al gobierno. Asimismo, las arbitrariedades de todo tipo y la corrupción se han multiplicado minando de forma sistemática la institucionalidad y el Estado de Derecho.
La rebelión de abril de 2018 puso en escena a las nuevas generaciones como protagonistas y fuerza vital de un inédito movimiento autoconvocado y conectado en las redes sociales. Esta juventud a la que el escritor Sergio Ramírez llamó “los nietos de la revolución”, se tomó las calles, ocupó los recintos universitarios, movilizó y paralizó al país entero durante seis meses.
La masividad de la rebelión tomó por sorpresa a la dictadura que no dudó en aplastar la protesta ciudadana por medio de la desmedida violencia letal. El régimen impuso un estado de sitio de facto, la movilización ciudadana fue prohibida y la protesta fue criminalizada y judicializada por medio de una improvisada “Ley contra el terrorismo”. Al amparo de esa ley fueron detenidos, encarcelados y enjuiciados más de 600 presos políticos, hombres y mujeres, entre ellos los principales dirigentes del movimiento estudiantil y del movimiento campesino, periodistas, feministas, miembros de la diversidad sexual, así como ciudadanos y trabajadores que se sumaron de forma espontánea a la protesta.
Diferentes organismos de derechos humanos documentaron el uso excesivo de la fuerza con la que el Estado respondió a la protesta social, así como las diversas formas de violencia estatal, la impunidad y la responsabilidad de las fuerzas policiales y paramilitares en la represión. De acuerdo con los informes de estos organismos, la represión gubernamental dejó 328 muertos4, muchos de ellos asesinados por disparos de francotiradores apostados en los edificios públicos, o de paramilitares dotados de armas de guerra que dispararon a matar contra una población desarmada.
La represión obligó a un número aproximado de 100.000 personas a emigrar y/o pedir refugio en terceros países. Estos informes documentan crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno nicaragüense, así como las diferentes fases que escaló la represión y las crueles torturas sufridas por hombres y mujeres5.
Tres años después, la resistencia ciudadana ha sido desarticulada y la represión se incrementa a medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre de este año. La dictadura Ortega Murillo se ha radicalizado y no está dispuesta a poner en peligro su poder en unas elecciones justas. Para ello, ha fortalecido su control sobre todos los poderes del Estado y de forma expedita aprobó leyes para encarcelar, amenazar o asediar a la oposición. En pocos meses, la Asamblea Nacional dominada por el régimen aprobó una decena de leyes represivas que de forma amplia y ambigua definen tipos penales que facilitan todo tipo de acusaciones, sin prueba alguna. Entre ellas, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, orientada a criminalizar a las organizaciones no gubernamentales; la Ley Especial de Ciberdelitos, llamada “ley mordaza al periodismo”, de control de empleados estatales y la instauración de cadena perpetua por delitos de odio; la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz que inhibe la postulación de candidatos a la presidencia que aplaudan sanciones internacionales contra el régimen y sus funcionarios; y la reforma del Código Procesal Penal para ampliar hasta 90 días el plazo por el que una persona puede estar detenida sin ser acusada, mientras la Fiscalía inventa y fabrica los delitos para condenar a los opositores.
Ese marco normativo dictatorial creó las condiciones para que en los dos últimos meses se desatara una embestida contra todo sector que se atreva a cuestionar al poder absoluto del régimen o que pusiera en riesgo la reelección del matrimonio Ortega Murillo. A partir de entonces, 34 personas fueron llevadas a prisión e incomunicadas o forzadas a permanecer en sus domicilios, entre ellas seis aspirantes a la presidencia que representan a diferentes sectores sociales. Asimismo, dirigentes campesinos, estudiantiles, periodistas y feministas de diferentes organizaciones sociales fueron secuestrados junto a relevantes cuadros históricos del FSLN entre ellos, Dora María Téllez y Hugo Torres. Estos secuestros se suman a otras 110 personas inocentes que guardan injustamente prisión desde hace meses y algunas desde hace años. Las detenciones fueron realizadas en operativos que en algunos casos se concretaron de noche y en fines de semana, sin exhibir órdenes judiciales y con ostensibles demostraciones de violencia que revelan la intención de amedrentar y silenciar voces críticas. Además, se ordenaron restricciones migratorias que afectan a periodistas, empresarios y líderes sociales sin causa judicial abierta.
El 7 de noviembre próximo deben realizarse las elecciones en las que Ortega buscará acceder a su quinto período de gobierno, el cuarto consecutivo y el segundo para su esposa. Lo hará por medio de un fraude pues no existen garantías de un proceso electoral transparente y, además, sin competencia pues los principales aspirantes opositores y lideres de organizaciones de la sociedad civil han sido secuestrados y guardan prisión en condiciones de aislamiento o sometidos a diferentes tipos de tortura. Entre los detenidos se encuentran dos periodistas y el gerente general del Diario La Prensa. Hace tres semanas, las instalaciones del diario La Prensa fueron allanadas por la policía y permanecen ocupadas. El periodismo ha sido el blanco de la persecución y asedio del régimen. Muchos periodistas han huido del país, sus medios de información fueron clausurados y las instalaciones allanadas, saqueadas, ocupadas o incendiadas.
Persecución a periodistas y sistemática violación a la libertad de expresión
El 13 de julio, hace apenas dos meses, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la caótica situación en Nicaragua y la violación sistemática de las libertades de prensa y de expresión por parte del régimen del presidente Ortega. La SIP manifestó su solidaridad para con los periodistas y medios independientes que informan pese al clima de zozobra generalizado. Después de una serie de entrevistas con directores de medios de información, académicos, empresarios y otros miembros de la sociedad civil, la organización concluyó que “el cerco sobre el periodismo libre se va cerrando día a día”. Entre los problemas principales para el ejercicio del periodismo en Nicaragua el informe destaca: “el éxodo de personal y directivos de los medios; dificultades para acceder a insumos esenciales; presiones a anunciantes; retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas; estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura; menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido; falta de acceso a información pública; concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para guardar el anonimato. ” Concluye el informe que “Se necesita con urgencia garantizar el ejercicio pleno de las libertades de expresión, de prensa y de reunión, claves para restablecer un debate ciudadano abierto y plural, el cual el gobierno se empeña en abortar y sin el que es imposible hablar de vigencia de la democracia”.
Otros organismos internacionales han analizado la situación de la libertad de prensa en los dos últimos años en Nicaragua y concluyen que el gobierno nicaragüense ha perpetrado diferentes tipos y fases de ataques contra la prensa independiente. Las primeras fases se evidenciaron por agresiones y ataques contra la prensa seguidos por un proceso de descalificación y estigmatización del ejercicio periodístico. La encargada de difundir el lenguaje estigmatizante y amenazante es la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, única voz oficial autorizada. Asimismo, señalan que el trabajo de los medios ha sido obstruido de forma sistemática.
En particular el régimen se ha ensañado contra los medios Confidencial y 100% noticias. Ambos medios fueron objeto de redadas policiales y allanados en diciembre de 2018. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y de los noticieros Esta noche y Esta semana, se encuentra en el exilio. Miguel Mora y Lucía Pineda, de 100% Noticias, fueron encarcelados durante 6 meses. En junio de este año, Mora fue capturado nuevamente y acusado de traición a la patria. Las instalaciones donde operaban estos medios fueron allanadas, saqueadas y confiscadas.
Carlos Fernando Chamorro6 señaló que “no hay libertad de prensa en Nicaragua, los medios de comunicación están bajo ocupación policial, los periodistas son atacados, la censura es cada vez mayor y no hay acceso a la información pública. Un reportero puede ser objeto de una agresión en cualquier momento mientras está en la calle cubriendo un hecho.”
Por su parte, Pedro Vaca, relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), presente en el foro titulado La prensa latinoamericana bajo sitio, libertad para periodistas detenidos7, tras oír los testimonios de dos periodistas nicaragüenses, señaló que en Nicaragua hay una política estatal de silencio que usa mecanismos sofisticados de censura con la participación del sistema judicial, la Fiscalía, la Policía y otras instituciones públicas de seguridad y justicia. Todo el marco institucional no está a favor de derechos humanos y libertad de expresión, sino protegiendo esos mecanismos autoritarios. Los periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua carecen de garantías elementales para el ejercicio de sus derechos y afrontan una persecución sistemática”.
Frente a esta situación, las demandas de la ciudadanía se centran en la urgencia de liberar a las 130 personas secuestradas por razones políticas, el cese de la persecución y asedio a los periodistas y a los medios de información, y la realización de un proceso electoral transparente que permita salir de la dictadura y abrir un periodo de transición con justicia y sin impunidad.
En esta lucha de futuro incierto, los periodistas, medios independientes de comunicación y comunicadores jóvenes que usan creativamente los nuevos medios digitales, representan un fuerza inconmensurable para denunciar los crímenes de la dictadura e iluminar los nuevos senderos por donde se habrá de transitar.
La Asociación Madres de Abril (AMA) mantiene su demanda de justicia para sus hijos asesinados y respeto a su memoria
Por Margarita Vannini
Notas
1 Wilfredo Miranda Aburto. Amor en tiempos del COVID 19: Gobierno de Nicaragua convoca una marcha para enfrentar el coronavirus. 15.03.2020. aa.com.tr
2 Paradójicamente, ese año se aprobó la Ley de acceso a la información pública (Ley 6211, 16 de mayo 2007).
3Los resultados electorales fueron: 38% para el FSLN, 29% para Alianza Liberal nicaragüense y 25% para el Partido Liberal Constitucionalista.
4 Ver informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2018, 2019 y años siguientes.
5 Ver el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento (MESENI) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua.
6 Entrevista a Carlos Fernando Chamorro, director de la Revista Confidencial y de los noticieros Esta Noche y Esta Semana. https://www.confidencial.com.ni
7 El Foro fue organizado por Fundamedios, Voces del Sur y otras organizaciones que velan por la libertad de prensa en el hemisferio. En: Confidencial 8 de septiembre de 2021. https://www.confidencial.com.ni
Bibliografía
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, OEA) 2018. Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Nicaragua2018-es.pdf
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, OEA). Septiembre 2019. Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua.
https://www.oas.org/es/cidh/actividades/visitas/2018Nicaragua/Boletin MESENI-Septiembre2019.pdf
Confidencial. https://confidencial.com.ni/giei-regimen-orteguista-cometio crimenes-de-lesa-humanidad/
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) https://gieinicaragua.org/gieicontent/uploads/2018/12/GIEI_INFORME_DIGITAL.pdf
El 19 digital https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:101226-nicaragua-realizara caminata-amor-en-tiempos-del-covid-19
Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos en Nicaragua. 3 de septiembre de 2019. https://reliefweb.int/report/nicaragua/situaci-n-de-los-derechos-humanos-en nicaragua-informe-de-la-alta-comisionada-de
Ortega, M; Gómez, J.P; Agudelo, I. (2020). Nicaragua 2018. La insurrección cívica de abril (2020). Managua, Fondo Editorial UCA Publicaciones.
Pedro Vaca, Relator de la CIDH-OEA: En Nicaragua hay censura física, jurídica y simbólica. https://www.confidencial.com.ni/nacion/periodistas-perseguidos-y sin-derechos-en-nicaragua-cuba-y-venezuela/
Ramírez, Sergio. Nicaragua: Los nietos de la revolución. En: El País, 30 de mayo de 2018 https://elpais.com
Rocha, José Luis (2019) Autoconvocados y conectados. Los universitarios en la revuelta de abril en Nicaragua. Prólogo Elena Poniatowska. San Salvador. UCA Editores y Fondo Editorial UCA Publicaciones.
SIP entrega informe crítico sobre Nicaragua a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). https://bit.ly/3wJex6M
Vannini, M (2019). Poder y Memoria. Una perspectiva desde Nicaragua. Ponencia magistral presentada en la inauguración del Encuentro Memorias para el Futuro. Ciudad de Guatemala.
Fotografías tomadas de: https://confidencial.com.ni ; https://www.divergentes.com ; International Press Institute (IPI) https://ipi.media/
Monitoring the Legal Response to COVID-19 in Latin America and the Caribbean 