Reportes sobre el COVID-19 en América Latina y el Caribe: No. 40 (In English)
El Coronavirus ha impactado de manera trascendental a la sociedad mexicana. Mucho se ha observado y analizado sobre la pereza y confusión de la respuesta federal a la crisis desde los primeros días. Ante la ausencia de las autoridades, las comunidades y la sociedad civil mexicana se movilizó rápidamente para hacer frente al COVID-19. Estas mismas organizaciones se vieron a su vez abrumadas y abarrotadas ante la rapidez de la emergencia. Con este propósito, la ley de amparo fue utilizada en varias instancias para forzar al gobierno a actuar y responder con diligencia. A pesar de la suspensión de actividades jurídicas por varios meses, el amparo sirvió de herramienta para hacer restablecer servicios y ayudas a ciudadanos al comenzar la pandemia, en el proceso de reapertura de la sociedad y la vacunación.
En este breve reporte, mencionaré una definición sucinta del amparo en el contexto jurídico mexicano y varios ejemplos de cómo ha sido utilizado durante la pandemia. He escogido casos concernientes a la inmigración, refugiados y energía. Además hablaré un poco sobre el tiempo en que las actividades jurídicas fueron suspendidas y el contexto actual del acceso a las vacunas.
Breve Definición del Amparo
El amparo es una medida legal que protege los derechos humanos de los individuos establecidos por la constitución y/o tratados internacionales aplicables. El amparo puede ser ejecutado en contra a una entidad pública o privada y su decisión puede tener repercusiones para toda la población. A pesar de su popularidad en México, el amparo es además una medida legal expandida de manera similar a través de América Latina en países con derecho civil. A finales de 1960, el amparo también fue añadido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Amparo Frente al Covid: Suspensión y Aplicación
Como se ha mencionado anteriormente en nuestros reportes, la respuesta confusa, inepta e inadecuada del gobierno federal contribuyó a una pérdida de confianza por parte de la población, que a su vez se vio forzada a tomar acciones independientes. Al mismo tiempo, grupos de la sociedad civil se organizaron para exigir del gobierno una respuesta ante la pandemia. El amparo fue una de las herramientas que pudieron utilizar. Baja California, Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Oaxaca son algunos de los estados en los que el amparo obligó a las autoridades administrativas a actuar y tomar medidas. Estas medidas incluyeron la reasignación de recursos presupuestarios para atender la emergencia sanitaria, la posibilidad de que las autoridades federales otorguen incentivos fiscales, o permitan diferir el pago de impuestos. Algunas medidas más urgentes incluían ayuda y protección para empleados del sector de la salud y otros empleados que se vieron obligados a seguir trabajando, al igual que la realización de pruebas de detección de Covid-19 a pacientes con síntomas. Además el amparo fue utilizado exitosamente para reclamar que el gobierno proveyera información sobre el COVID-19 a la comunidad sorda en el país.
La acumulación de estos amparos, el alza de la tasa de infectados y la urgencia del pueblo provocaron que el gobierno federal decretara una emergencia sanitaria en todo el territorio por dos meses (desde el 30 de marzo al 30 de abril). La medida prohibía todas las actividades no esenciales y exhortaba a la ciudadanía a permanecer “en el domicilio el mayor tiempo posible”, sin exigir un toque de queda o encierro total. En ese mismo tiempo, el sistema judicial también acordó acatarse a la emergencia y a su vez suspender todas sus actividades hasta abril. Cortes en varios estados decidieron de la misma manera, pero con diferencias en cuanto al tiempo. Durante este tiempo, utilizar el amparo se convirtió en una verdadera odisea. Los ciudadanos debieron cumplir las medidas y esperar pacientemente hasta la reapertura de las cortes a nivel estatal y federal.
Inmigración, Energía y Vacunas
Luego que las instituciones jurídicas comenzaron a abrir y volver al trabajo, el amparo se convirtió nuevamente en la herramienta esencial para poder valorar los derechos humanos en el país. Inmigrantes y refugiados se han encontrado en un estatus de suma vulnerabilidad al tener que lidiar con una carencia total de recursos contra el COVID y de salubridad en general. Las estaciones migratorias y centros de asilo han contribuido a propagar la pandemia en estos grupos completamente desprovistos de cualquier ayuda médica. Organizaciones de la sociedad civil mexicana presentaron un amparo para buscar que el Instituto Nacional de Migración (INM) proveyera las ‘garantías mínimas’ al acceso a la salud, seguridad y protección. La situación ha sido muy crítica tanto en la frontera del norte con Estados Unidos al igual que la sureña con Guatemala. Las organizaciones civiles han obtenido y continúan buscando amparos para solucionar situaciones en ambas fronteras y estaciones migratorias a través del país.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) promulgó el 29 de abril del 2020 su respuesta a la pandemia. El protocolo de energía se conoció como el Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. El mismo buscaba fortalecer la fiabilidad de la energía eléctrica producida por combustibles fósiles y a su vez suspendía indefinidamente las pruebas relaciones a la energía producida por centrales eólicas y fotovoltaicas que eran consideradas como “intermitentes”. Apenas varios días de ser publicada, varios recursos de amparos fueron radicados a través del país para no permitir que el gobierno parara las actividades de estas centrales. Esta no es la primera vez que el gobierno de López Obrador se ve involucrado en batallas contra grupos que representan y apoyan a las energías renovables. No obstante, expertos coinciden que es la primera vez que la CENACE se ve al frente de una reclamación de amparo.
A pesar de haber sido el primer país en América Latina en comenzar el proceso de vacunación el 24 de diciembre del 2020, México decidió vacunar sólo al personal de salud de primera línea. Luego, para marzo, el país espera comenzar la vacunación del segundo grupo: mayores de 60 años. Estas decisiones han sido directamente impactadas por lo que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard calificó en las Naciones Unidas como “fenómeno de acaparamiento” por parte de países más ricos.
En este contexto de incertidumbre, Eva Flores Medina radicó y ganó el 11 de enero de 2021 un amparo en contra del Plan de Vacunación de la Secretaría de Salud. El amparo busca que se aplique la vacuna a Flores a pesar de su condición de salud en el Hospital General Zona No. 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México. El amparo ordena al gobierno a priorizar a personas con enfermedades crónicas y comorbilidades. Lamentablemente, Flores falleció antes de que la vacuna le fuera proveída. No obstante, la decisión en cuanto a su amparo ha inspirado a otras personas a usar la misma herramienta jurídica para reformar el actual proceso de vacunación del país.
Monitoring the Legal Response to COVID-19 in Latin America and the Caribbean 